Las familias españolas son las terceras en Europa con «más dificultades» para pagar su hipoteca o alquiler, el doble que la media

Las familias españolas son las terceras en Europa con «más dificultades» para pagar su hipoteca o alquiler, el doble que la media

-Solo por detrás de Grecia e Irlanda, según el informe ‘Aquí no hay quien viva’, de Save the Children

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

España es el tercer país de la Unión Europea (UE) con el mayor porcentaje de hogares que han experimentado retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca -un 6,5%-, sólo por detrás de Grecia e Irlanda, y por encima de la media europea (3,2%).

Así lo desvela el informe ‘Aquí no hay quien viva: un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en España’, presentado este martes en rueda de prensa por el director de Save the Children, Andrés Conde, y la directora de Incidencia Social y Política de la organización, Catalina Perazzo, y según el cual el 8,4% de las familias con niños tiene «problemas» para pagar «a tiempo» su hipoteca o alquiler en España, el doble de la media de la UE (4,3%).

El alza de los precios de las viviendas, especialmente del alquiler, que no ha ido acompañada de un aumento de los ingresos de las familias, les están «provocando», según la organización, «enormes dificultades de pago» y esta «sobrecarga» afecta a cuatro de cada diez hogares con hijos a cargo que viven de alquiler.

Tras valorar las «medidas positivas» recogidas en el llamado «escudo social», la organización advirtió de que el actual contexto del mercado de la vivienda «podría devolver a muchas familias a situaciones de riesgo» e hizo hincapié en que, según datos de Naciones Unidas, entre el 70% y el 80% de los desahucios, casi 700.000 en España desde 2008, afectan a familias con niños y adolescentes.

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En este escenario, Conde denunció, además, que dos de cada diez niños y adolescentes, el 21,4%, viven «en casas insalubres, que presentan goteras en el techo, humedad en las paredes, el suelo o los cimientos, o podredumbre en los marcos de las ventanas o el suelo». «Esta situación repercute en su salud física y mental, afecta a su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar y a su seguridad», lamentó.

En paralelo, advirtió sobre el «momento de oportunidad histórica» que, a su juicio, supone la tramitación de la nueva ley de vivienda, que consideró una «grandísima asignatura pendiente en términos normativos en España». «Entendemos las dificultades y las polémicas que pueda causar, pero tenemos que resolver esta situación tan anómala de enorme sobrecarga de vivienda, insuficiente vivienda social y ridiculez de las ayudas», sentenció.

ESCASEZ DE VIVIENDA SOCIAL Y AYUDAS

A este respecto, según el informe, España tiene uno de los parques de vivienda social «más pequeños de Europa», ya que apenas alcanza el 2,5% del total, lo que supone una cuarta parte de la media europea (9,3%). Una situación que, para la organización, «se explica fundamentalmente» por el «bajo presupuesto» destinado a la provisión pública de vivienda y porque dicha política «se ha orientado tradicionalmente a financiar viviendas en propiedad y a «favorecer su posterior descalificación».

Este hecho «provoca», según la entidad, que esas viviendas descalificadas «dejen de ser protegidas y pasen a ser parte del mercado libre». En este contexto, Perazzo calculó que «se necesitarían un millón y medio más de viviendas protegidas para atender las necesidades sociales».

Junto a ello, la entidad denunció que el alcance de las ayudas a la vivienda en España «es sumamente reducido», teniendo en cuenta que hay 1,6 millones de familias con hijos en situación de pobreza, de las cuales aproximadamente 310.000 sufrieron retrasos en el pago de la vivienda, si bien en 2020 solo 25.000 familias con niños y adolescentes a cargo recibieron una prestación para la vivienda.

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MADRES SOLAS, LAS MÁS VULNERABLES

Según el informe en España hay 158.000 hogares monoparentales, en su «mayoría» encabezados por mujeres, de alquiler que «soportan una carga a menudo inasumible», ya que, de media, estas familias destinan 200 euros mensuales más de los que podrían destinar si se establece el umbral del 30% de los ingresos como límite del pago máximo destinado a vivienda sin contabilizar suministros. Save the Children estimó que una ayuda complementaria de hasta 200 euros «podría aliviar la carga que les supone la vivienda» y, asumiendo una «cobertura total», una ayuda de estas características «necesitaría un presupuesto anual de 380 millones de euros aproximadamente».

El informe también aborda la situación de «dificultad» a la que se enfrentan las familias numerosas, cuyo «esfuerzo» financiero «solo es superado por el de las familias con un solo progenitor».

En este contexto, según explicó Perazzo, Save the Children propone aumentar los presupuestos anuales para incrementar la financiación de políticas de vivienda que «protejan» el acceso a la vivienda por parte de familias con hijos «en situación de vulnerabilidad», así como automatizar el acceso a ayudas directas a vivienda para las familias perceptoras del IMV, rentas mínimas o similares.

Por otra parte, reivindica una «apuesta» por la compra o la rehabilitación de unidades existentes para «ampliar la oferta pública de vivienda social», así como «garantizar» la calificación «indefinida» de las viviendas públicas, «evitando que salgan al mercado privado».

También reclama bonificaciones fiscales para la «mejora de la calificación energética» de los edificios e IVA reducido para la rehabilitación de viviendas particulares e insta a «promover alianzas» público privadas que «beneficien a las familias con menores ingresos», incorporando a los grandes propietarios de vivienda en el «abordaje del problema» y estableciendo reservas de suelo, por las cuales un porcentaje de las unidades que se construyan en una promoción privada se destinen a vivienda social.

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Por último, ve «imprescindible» el hecho de «mejorar la coordinación entre el sistema judicial y los servicios sociales» y juzga «importante» que cuando haya menores de edad en riesgo de desahucio, el informe de vulnerabilidad «sea obligatorio y no optativo, para que sea tenido en cuenta antes de tomar cualquier decisión que les afecte».

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