– Instan a las autoridades españolas y europeas a influir en las Naciones Unidas para el «cese de las hostilidades»
MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) aseguró este miércoles que el estado de sitio de la Franja de Gaza «aboca a una grave emergencia epidémica», al privar a su población de electricidad, agua o suministros básicos.
Así se puso de manifiesto tras explicar que «privar a una población de 2,26 millones de personas de agua, electricidad y limitar al máximo el acceso de suministros son actuaciones que conducirán de manera inevitable a una catástrofe epidémica».
Por ello, anunció que está preparando un documento que explique las consecuencias de estas actuaciones «con rigor científico». «En nuestra concepción de la salud como un bien público que debe ser defendido a escala mundial, lo extraordinario de la situación nos obliga a manifestarnos», recalcaron los especialistas en Salud Pública.
Desde Sespas rechazaron «la respuesta de Israel al brutal e inaceptable ataque de Hamás mediante el bloqueo de los servicios esenciales a la población general». La Sociedad agregó que «la admonición a la evacuación del territorio bajo la amenaza de una invasión militar, incumple los mínimos valores éticos que un Estado debe respetar».
Añadieron que, todo ello lleva a un «enorme problema de salud pública para la población palestina, particularmente para las personas más vulnerables, como la población infantil, embarazadas y personas ancianas, que puede agravarse todavía más, hasta extremos espeluznantes, al margen de los ya miles de fallecidos por los bombardeos y otras acciones militares».
Por otra parte, los expertos en salud pública recuerdan que la Unión Europea emitió un comunicado el pasado 15 de octubre en el que expresa, «por una parte, el derecho de Israel a defenderse y, por otra, la importancia de garantizar la protección de todos los civiles, así como la de prestar ayuda humanitaria y urgente a Gaza».
«La utilización como arma de guerra de medidas que atentan directamente contra la salubridad en un territorio es especialmente grave y supone una vulneración de los derechos humanos de las personas que habiten en ese lugar», concluyó la sociedad científica.
