– Que puso fin a las incapacitaciones judiciales
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MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
Representantes de la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Notariado y las familias de personas con discapacidad intelectual lanzaron «un mensaje de tranquilidad ante la ley 8/2021, que reforma la legislación civil y procesal para apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Los expertos pidieron a las familias «no tener miedo», durante un encuentro organizado por la agencia Servimedia junto a Fundación Aequitas, en el que participaron el presidente del Foro Justicia y Discapacidad y vocal del CGPJ, Juan Manuel Fernández; la fiscal de sala del Tribunal Supremo para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra; la vicepresidenta del Cermi y presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica; la directora de Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, Almudena Castro-Girona; y el asesor jurídico de la Asociación Liber, Torcuato Recover Balboa.
Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 2 de junio de 2021, la Ley 8/2021 implicó cambios en hasta ocho normas (el Código Civil, la Ley Hipotecaria, el Código de Comercio, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la de Enjuiciamiento Civil, la del Notariado, la de Patrimonios Protegidos y la Ley del Registro Civil).
Con ella se puso fin a las incapacitaciones judiciales, que suponían la supresión de la capacidad jurídica de las personas, y se estableció su sustitución por apoyos individualizados y adaptados a las necesidades de cada una, para que estas puedan expresar su voluntad y tomar sus propias decisiones. De ese modo, dejaron de ser vigentes las tutelas judiciales.
TRANQUILIDAD
Para Castro-Girona, lo que esta ley consagra es que el Estado «ya no puede desposeer a nadie del ejercicio de un derecho», sino que «debe salvaguardarlo y garantizar los mecanismos necesarios» para su ejercicio. La forma de ofrecer esos mecanismos, los apoyos individualizados de los que habla la norma, «es a través de la autoridad judicial y notarial», garantes «de la seguridad jurídica», precisó.
Por eso, «les pido a las familias que no tengan miedo», declaró, pues «lo que estamos haciendo es promover la autonomía de las personas con discapacidad», pero «siempre con las debidas salvaguardias». «Para eso «están los jueces, notarios y fiscales».
María José Segarra quiso también enviar «un mensaje de tranquilidad a las familias», y repasó todas las acciones que dentro de la Fiscalía y del CGPJ se han puesto en marcha para implantar la ley con seguridad.
Aludió a las revisiones de las sentencias de modificación de la capacidad jurídica dictadas bajo la legislación anterior que, según la actual, deben revisarse de oficio en un plazo de tres años, y destacó que «vamos despacio porque queremos hacerlo bien». Los jueces están entrevistando a las personas, escuchándolas con calma, para determinar qué apoyos individualizados van a precisar», recalcó.
Ahora bien, se mostró consciente de que sin más recursos, el plazo de tres años no podrá cumplirse, ya que en un año y 10 meses de vigencia, no se ha llegado a la mitad de los fallos revisados.
En este punto, la presidenta de Plena inclusión España lamentó que a «miles y miles de familias les falta información» y «temen por las consecuencias» de esta reforma en la protección jurídica de sus hijos o allegados. Esta norma supone «un cambio de mirada al que toda la sociedad debe ser permeable», declaró, pero «a mí me da la garantía de que mi hijo será escuchado» una vez que falten sus padres y «le proporcionarán los apoyos que necesita».
PROTECCIÓN FUTURA
Según el presidente del Foro Justicia y Discapacidad, esta reforma no favorece «la desprotección » de las personas antes tuteladas ni «lanza a los hijos a un vacío en el que se van a estrellar». «Al contrario. Busca promover la autonomía de su voluntad», prosiguió, lo que favorecerá «su desarrollo personal».
Para el jurista Recober Balboa, «el futuro de los hijos con discapacidad dependerá de ellos mismos y de sus entornos, exactamente igual que ocurre con el resto de hijos». «La diferencia es que ahora se les van a asegurar esos apoyos para que puedan llevar adelante su proyecto de vida cuando ya no estemos», subrayó. «Un gran avance», en su opinión.
La directora de Fundación Aequitas destacó «la preocupación de muchos padres» de personas con gran discapacidad que se dirigen al notario con la intención de proteger el futuro de sus hijos. «Yo les animo a que acudan a nosotros» para que juntos, con las garantías que ofrece esta nueva ley, «tejamos el traje a medida que sus hijos requieren», concluyó.
