MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
Los inversores no residentes controlaban a cierre de 2021 el 48,8% de las acciones españolas y las familias poseían el 17,1%, sumando conjuntamente dos tercios de las acciones españolas, según la última actualización de datos del servicios de estudios de Bolsas y Mercados Españoles (BME).
Según indicó este jueves BME, el peso de los inversores no residentes es 1,1 puntos porcentuales inferior al de hace un año y el de las familias es similar al del año pasado.
Desde el inicio del siglo, los inversores internacionales han incrementado en más de 14,5 puntos porcentuales su peso en la Bolsa española. La mayor internacionalización de las compañías españolas, en especial de las cotizadas, es uno de los factores que explican este crecimiento.
Dentro del grupo de los inversores internacionales, predominan los inversores institucionales como gestoras de fondos de inversión y de pensiones, fondos soberanos, compañías de seguros, fondos de capital riesgo y bancos de inversión e intermediarios que mantienen carteras de acciones.
Según destaca el informe, la fuerte presencia de inversores internacionales y la importancia del mercado bursátil para dotar de una valoración eficiente a estas participaciones y proporcionar la liquidez adecuada «deberían ser argumentos de peso» contra el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).
El director del Servicio de Estudios de BME, Domingo García Coto, indicó que «al no ser un impuesto consensuado con la UE, el mercado bursátil español y por ende las principales empresas españolas cotizadas están siendo injustamente penalizadas como alternativa de inversión frente a otras empresas competidoras radicadas en otros mercados europeos o no».
Por su parte, la participación de las familias en las cotizadas españolas se mantuvo estable en el 17,1%, muy lejos del máximo histórico del 33,6% alcanzado en 1999. En los últimos años tuvo una tendencia a la baja, en convergencia con el resto de Europa donde la participación de los inversores minoristas ha sido tradicionalmente inferior que en España.
Entre las razones que explican la menor inversión directa en acciones de las familias españolas, el informe destaca la «incapacidad de las sucesivas reformas» de los mercados financieros y de valores europeos de incorporar a más inversores, la «ausencia casi total de tramo minorista» en las últimas salidas a Bolsa, el «creciente peso» de los fondos de inversión en las carteras de los inversores y el «creciente interés» de los inversores por los criptoactivos.
Las empresas no financieras, por su parte, controlan el 20,9% de las cotizadas españolas, una décima porcentual menos que un año antes. Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), seguros y otras instituciones financieras no bancarias elevaron su peso hasta el 7%, frente al 6,4% anterior, mientras que las administraciones públicas poseían el 2,7% (dos décimas menos) y los bancos y cajas un 3,5%. Este dato supuso un crecimiento de ocho décimas porcentuales e implicó el máximo desde 2015.
