MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
La Plataforma de Infancia, organización compuesta por más de 70 organizaciones de infancia, teme que la Ley de Familias, aprobada este martes en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, «no llegue a asumir las obligaciones mínimas establecidas por la Directiva de Conciliación Europea 1158/2019» y, en concreto, que no reconozca la cuantía de los permisos parentales.
«Los elevados índices de pobreza infantil en España, la baja tasa de natalidad, la falta de medidas de conciliación, los modelos familiares no tradicionales y el escaso apoyo a las familias para la crianza hacen de esta Ley una pieza necesaria para avanzar en la igualdad para todos los niños y niñas, pero nos preocupa que el texto aprobado hoy no llegue a asumir las obligaciones mínimas establecidas por Europa», explicó el director de esta plataforma, Ricardo Ibarra, en un comunicado.
En concreto, las organizaciones de infancia temen que el texto no especifique ni reconozca adecuadamente la remuneración de los permisos parentales, al menos durante los dos meses mínimos que establece la Directiva de Conciliación Europea. Esta remuneración está claramente especificada en la Directiva y así se ha notificado en los informes preceptivos.
El propio Consejo Económico y Social señalaba en su informe que la incorporación expresa del derecho a una prestación económica podría ser la vía para garantizar el ejercicio de estos permisos, evitando situaciones de desprotección o de penalización de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado, recordó esta plataforma.
«La remuneración de los permisos parentales es una obligación de la Directiva que debe ser traspuesta para cumplir con las obligaciones europeas y garantizar que todas las familias puedan acogerse a esta medida y cuidar más allá de los tres años», destacó Ibarra.
Además, en la transposición de los permisos para cuidadores y de los permisos parentales, a las organizaciones de infancia les preocupa que el Gobierno haya hecho uso de la denominada «cláusula pasarela», absorbiendo los permisos ya existentes, y reduciendo así la posibilidad de su disfrute.
También le preocupa a esta plataforma que no se garantice la universalidad de la prestación de apoyo a la crianza, dejando fuera a las madres en situación de inactividad, y que no se prevea su ampliación hasta que menor cumpla los seis años, con el compromiso de ampliarse hasta los 18 años en el medio o largo plazo, una petición que las organizaciones de infancia vienen reclamando desde hace tiempo como forma de luchar contra la pobreza infantil.
Otra preocupación es que no se amplíe el «permiso para cuidadores» a siete días, tal y como venía anunciando el Gobierno con anterioridad a este anteproyecto de ley, ni se incluya como enfermedad susceptible de dar derecho a este permiso cualquier enfermedad común que requiera reposo domiciliario e imposibilidad de acudir al centro educativo, cuando se trate de cuidar a menores.
El texto de la ley, incide la Plataforma de Infancia, tampoco incluiría medidas concretas y eficaces para garantizar la equidad para las familias de una sola persona progenitora.
