– Lanza una guía sobre ‘La prevención familiar de las adicciones: desafíos y oportunidades de las estrategias de calidad’
MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) cree que la prevención de las adicciones por parte de las familias «no está funcionando» porque «se hace desde un paradigma que no facilita su participación como agentes proactivos en prevención». Además, defiende que los gobiernos locales deben desempeñar un «papel relevante» en la promoción de «enfoques ambientales de prevención».
Así lo refleja en su guía sobre ‘La prevención familiar de las adicciones: desafíos y oportunidades de las estrategias de calidad’, en la que denuncia una «negligencia estructural social ante la prevención» y, a partir de las aportaciones de representantes de organizaciones de familias y varios expertos, presenta hasta una veintena de recomendaciones para «facilitar la transformación y la consolidación de la prevención familiar en España».
Tras puntualizar que «no es posible hacer prevención enfocada a las familias sin las familias» y que la prevención «ha de ser una estrategia temprana y continuada», la federación precisó que el núcleo familiar constituye una «pieza fundamental» para «generar cambios en el entorno».
Por ello, abogó por su «alfabetización» en este ámbito y estimó que los planes autonómicos y locales de prevención han de «incorporar la movilización comunitaria y a la familia como colectivo prioritario».
Para la federación, la prevención familiar «debería estar apoyada» por una legislación «clara y efectiva» y basada en el principio de que el acceso y consumo de sustancias «no deben estar permitidos a los menores de edad, ni promocionados en los espacios donde los menores están presentes».
MÁS RECOMENDACIONES
Según la guía, cuya elaboración contó con la participación del Instituto Europeo de Estudios en Prevención, resulta necesario «regular» el consumo de drogas, «controlar» la oferta y «establecer límites» en el acceso a las drogas por parte de los más jóvenes, así como «penalizar la vulneración de los derechos de los niños», que, a su entender, «tienen derecho a una crianza saludable y exenta de riesgos».
En paralelo, exigió «coherencia» entre las estrategias y planes de acción nacionales, autonómicos y locales sobre adicciones y los programas subvencionados, que, según su criterio, deben estar guiados por la «evidencia científica» para «asegurar» que la información que llegue a las familias «sea verídica, coherente y útil ante sus necesidades».
En este punto, urgió a «atender las desigualdades y la diversidad de las familias», para lo cual llamó a «crear ambientes y contextos de oportunidades» en los centros educativos y municipios, así como a «facilitar las redes de apoyo mutuo entre familias» con el objetivo de ayudarlas a «compartir experiencias y poner en valor sus aportaciones».
Entre otras recomendaciones, emplazó también a «favorecer la salud de los más jóvenes en sus barrios y municipios», teniendo en cuenta los «factores de vulnerabilidad y riesgo», así como a identificar los «determinantes sociales» que «influyen en la aparición de los problemas y agravan las vulnerabilidades».
PAPEL RELEVANTE DE LOS MUNICIPIOS
Entre ellos, citó la «exposición» a un modelo de ocio «centrado en el consumo de alcohol en algunos barrios», la venta de alcohol a menores o la «proliferación» de las casas de apuestas, consciente de que también los gobiernos locales deben desempeñar un «papel relevante» en la promoción de «enfoques ambientales de prevención».
Los «espacios de especial atención» en este sentido incluyen, según su punto de vista, desde la «gestión» de las fiestas locales, hasta la creación de «espacios, tiempos y recursos de ocio regulado» para los adolescentes y sus familias, así como una «regulación eficiente» de las actividades de ocio nocturno, la prohibición del comercio de bebidas alcohólicas en «ciertos espacios o tiempos» y una mayor vigilancia policial para «asegurar un estricto cumplimiento de la normativa vigente».
La entidad advirtió de que los programas de prevención basados en la evidencia científica que han demostrado «calidad» han de implementarse «coordinados» desde los municipios y manifestó que la prevención «debería formar parte del currículum escolar» y ser «un nexo de trabajo desde la comunidad educativa».
«Lograr cambios significativos en conductas de riesgo es muy complejo, por lo que hay que asegurar un contínuum a las familias y facilitar apoyos para que logren consolidar los cambios de conducta propuestos», apostilló, para reivindicar también la urgencia de «identificar las barreras» que les «impiden tomar conciencia de la necesidad de prevención con sus propios hijos» ante «amenazas concretas» como el juego de apuestas ‘online’ o las nuevas tendencias en el consumo de alcohol, tabaco, vapeo o cannabis.
