España cae dos puestos en el Índice de Libertad Económica respecto a 2021 por su «carga impositiva, el gasto público y su salud fiscal»

España cae dos puestos en el Índice de Libertad Económica respecto a 2021 por su «carga impositiva, el gasto público y su salud fiscal»

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

España ha caído dos puestos en el Índice de Libertad Económica de 2022 respecto a 2021, condicionada por «la carga impositiva, el gasto público y la salud fiscal», y ocupa la posición 41, según destacó este lunes el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Así lo pusieron de manifiesto el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, durante la presentación de la revista del IEE ‘La unidad de mercado como reto pendiente para la libertad de empresa. Índice de libertad Económica 2022’, en el que se recogen los resultados de la Fundación Heritage adaptados al español por el IEE.

Según explicaron desde el IEE, el análisis muestra que España presenta un elevado margen de mejora cuando se compara con los países de su entorno aunque por encima de Francia o Italia. España se sitúa en la posición 41 de 184 países analizados, «claramente por detrás de la mayor parte de los países desarrollados» y con una puntuación un 19,2% inferior a la de Singapur, que encabeza el ranking. Tomando los 38 países de la OCDE, España ocupa el puesto 29, un 6,2% por debajo de la media, mientras que se encuentra un 5,9% por debajo del promedio de los 27 países de la Unión Europea (UE-27).

El Instituto indicó que la mala posición de España a nivel mundial en cuanto a libertad económica se ve condicionada, por «políticas en clave nacional, en concreto, las relativas al tamaño del Estado, como son la carga impositiva, el gasto público y la salud fiscal. En todas ellas es donde España obtiene las peores clasificaciones, situándose en la zona muy baja de la clasificación». Por el contrario, la estabilidad monetaria, la apertura comercial y la facilidad inversora son las variables donde España alcanza las mejores clasificaciones, «las cuales están determinadas principalmente por nuestra pertenencia a las instituciones europeas».

En cuanto a la libertad de empresa, España ha experimentado cierta mejoría en relación con 2021, «debido a que se contabiliza un apoyo de los fondos europeos para la inversión empresarial (de nuevo una palanca europea y no doméstica)». No obstante, continúa en la zona baja, en concreto en la posición 32 dentro de los países que componen la OCDE, con una puntuación (93,3 puntos) un 6,7% inferior a la de la media de la OCDE y un 6,5% menor que el promedio de la UE-27.

El IEE señaló que un elemento clave para la mejora de la libertad económica y para garantizar la libertad de empresa es el establecimiento de un marco regulatorio «adecuado», y dentro de este, «en España adquiere un papel muy relevante la cuestión de la fragmentación del mercado interior».

Explicaron que en las últimas décadas se «ha producido una gran proliferación normativa en nuestro país, que configura un marco legislativo excesivamente complejo, con los consiguientes perjuicios y costes para el tejido empresarial y la actividad económica, que ha venido impulsado por la potestad legislativa de las comunidades autónomas», cuya normativa supone el 70% del volumen total de normas. Indicó que la potestad legislativa de las comunidades autónomas «no es mala en sí misma, pero cuando se emplea de manera contraria a los principios de buenas prácticas regulatorias, se convierte en el contexto idóneo para que aparezca el fenómeno de la fragmentación regulatoria y, por tanto, un quebranto de la unidad de mercado».

El cumplimiento de cargas administrativas derivadas de esta «fragmentación» supone costes para las empresas de entre el 1,5% y el 2,5% del PIB, mientras que la liberación de estos recursos y la mejora del marco regulatorio aportaría entre el 1,5% y el 3% del PIB.

Fernández de Mesa señaló la Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid como «una importante iniciativa en la consecución de una verdadera unidad de mercado» y permite a las empresas establecidas legalmente en otra región española operar libremente en territorio madrileño sin ningún requisito adicional. La calificó de «innovadora y transformadora, que supone simplificar y eliminar de manera automática cientos de páginas de regulación».

El presidente del IEE indicó que esta ley «debería servir como ejemplo a seguir para otras regiones, adquiriendo un compromiso firme con la unidad de mercado, y, por tanto, con la libertad de empresa».

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