MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros de este martes prevé dar el visto bueno al paquete de medidas pactadas con la banca para aliviar la carga financiera de más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad y la creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero en segunda vuelta.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital informó anoche de que, a falta de cerrar los últimos detalles con el sector bancario, se aprueba el paquete de medidas para aliviar a más de un millón de hogares hipotecados afectados en mayor medida por la subida del euríbor. El objetivo es que entre en vigor el 1 de enero de 2023.
Se adoptan medidas por tres vías: se mejora el tratamiento de las familias vulnerables en el actual Código de Buenas Prácticas, se adopta un nuevo marco temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de los tipos de interés y se facilita la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.
En concreto, las medidas de refuerzo del actual Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, aprobado en 2012, consisten en que los deudores vulnerables tendrán la posibilidad de reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de cinco años (euríbor -0,1% frente al euríbor +0,25% actual). Asimismo, se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.
Con el objetivo de ampliar el ámbito de actuación, se permite que los hogares con renta inferior a 25.200 euros al año, es decir, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario, puedan acogerse al Código con una carencia de dos años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta siete años.
La aplicación de estas medidas permitirá que los deudores hipotecarios vulnerables vean aliviada su carga financiera «de forma inmediata». El Ministerio puso el ejemplo de una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés, que vería reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años más de un 50%, hasta los 246 euros.
CLASE MEDIA
Por otra parte, se propone un nuevo Código que proporcione alivio a los deudores de clase media en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria. En este caso, podrán beneficiarse los hogares con renta inferior a tres veces y media el Iprem (29.400 euros anuales) con hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido al menos el 20%. Para todos estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta siete años.
Por último, se reducirán más los gastos y comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminarán durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo. Se incluirán medidas para la promoción de la educación financiera y se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.
Los dos Códigos de Buenas Prácticas serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y de obligado cumplimiento una vez suscritos.
Actualmente hay 3,7 millones de hipotecas referenciadas al euríbor. A esto hay que añadir que tres de cada cuatro hipotecas se conceden actualmente a tipo fijo, el plazo medio residual ha bajado hasta los 10 años en 2021 y el porcentaje de hogares que dedica más de un 40% de su renta disponible al pago de la hipoteca ha descendido en los últimos años.
CLIENTE FINANCIERO
Por otra parte, el Gobierno aprobará en segunda vuelta la creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, tras pasar la primera vuelta el pasado mes de abril.
El nuevo organismo se crea para «complementar» el sistema institucional de resolución de reclamaciones en el ámbito financiero y que sus resoluciones «se dicten con celeridad, atendiendo a criterios uniformes y de carácter vinculante para las entidades financieras en reclamaciones inferiores a 20.000 euros», según el texto del anteproyecto de ley. Las entidades financieras deberán aportar una tasa de 250 euros por reclamación admitida.
Integrará los actuales servicios de reclamaciones de los organismos supervisores -Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones- que dejarán de realizar estas funciones y tendrá la finalidad de resolver reclamaciones contra incumplimientos de las normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros o la abusividad de cláusulas contractuales.
El anteproyecto de ley que se sometió a información pública recoge que el reclamante podrá ser multado con hasta 1.000 euros «cuando se aprecie temeridad o mala fe en la interposición de la reclamación» y cuando se hubieran desestimado totalmente las pretensiones en su reclamación.
