MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, insistió este viernes en que el acogimiento familiar es una valiosa alternativa al acogimiento residencial, sea en familia ajena o en familia extensa, y afirmó que el acogimiento familiar necesita de políticas públicas integrales que acompañen y apoyen a las familias de acogida.
Así lo reclamó en las XXX Jornadas Centrales de Derecho de Familia que, organizadas por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), que reunieron en Madrid a unos 600 abogados, jueces y fiscales especializados en procesos de divorcio, nulidades matrimoniales, guardas y custodias, discapacidad, filiaciones o sucesiones.
Durante la inauguración de estas jornadas, Gabilondo destacó el trabajo que realizan los abogados de familia y aseguró que cumplen una labor «esencial para la sociedad». En el acto le acompañó la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, y la presidenta de la Asociación de Abogados de Familia (Aeafa), María Dolores Lozano.
Según dijo, la institución el Defensor del Pueblo lleva a cabo un permanente análisis sobre cuestiones que afectan a la infancia, y ha resaltado que es sensible a las intervenciones de los poderes públicos en la protección de menores, especialmente cuando asumen su tutela y los separan de su grupo familiar.
PRIORIDAD
Gabilondo apuntó que es necesario saber cómo se asume esa tutela y si se ha contado con garantías y recursos suficientes para asegurar el interés superior del menor. «La mirada de situarse en él y desde él es la prioridad. Como también lo es la apuesta por el acogimiento familiar», enfatizó.
El Defensor destacó también que los abogados de familia juegan un papel relevante en la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género por su «formación específica y su incuestionable compromiso de ayuda». Y recordó las recomendaciones realizadas en 2022 sobre el seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como las más recientes para la mejora de la accesibilidad, eficacia y dotación económica del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, en el marco del reconocimiento de la violencia económica como forma de violencia de género.
