El 94% de los jóvenes, menores de entre 10 y 15 años, son usuarios habituales de internet, según el informe ‘Violencia Viral’ de Save The Children.
Así lo puso de manifiesto Catalina Pedazo, la directora de incidencia social y política de Save The Children, en un evento organizado por la Asociación Europea de Transición Digital que tuvo lugar este lunes en la sede de la Comisión Europea en España, en Madrid, en el que se debatió sobre los derechos digitales de los menores en la red, se pusieron en valor algunos datos relacionados con ello y se dieron muestras de buenas prácticas para su protección.
El acto, que contó con personalidades del Incibe, de la propia Asociación, de Save The Children o con una abogada especializada en tecnología a lo largo de diversos debates, se centró en la necesidad de garantizar los derechos de los menores en el entorno digital, para un adecuado desarrollo de su personalidad, y en el establecimiento de garantías en el acceso a entornos digitales y la educación digital; teniendo en cuenta los riesgos a los que están expuestos los menores, como la violencia en la red y las adicciones digitales.
Así, durante su acto de bienvenida se puso de manifiesto que la transición, además de ser digital y verde debía ser justa, alineándose con el objetivo de “no dejar a nadie atrás” de la Unión Europea, para lo que debía evitarse que los menores sufrieran malas experiencias relacionadas con la red, para ello, portavoces de la asociación explicaron que debían llenarse los “huecos legales” y establecer una “soberanía tecnológica europea” que, necesariamente, debía ir acompañada de soberanías también en las áreas política y económica.
Durante esta bienvenida, además, también se incidió en que “los derechos online son los mismos que se tienen offline”, y se resaltó en las oportunidades que tiene internet para los jóvenes a la hora de informarse, jugar o establecer nuevas vías de contacto; pero en las desventajas que también puede presentar, como “los contactos peligrosos” o el acceso inconsciente a contenido pornografico o que implique abusos.
En este sentido, Perazzo puso de manifiesto que “cada vez nos resulta más complicado discernir entre el mundo físico y digital”, ya que aseguró que “cuanto más se utiliza la tecnología, más se adelanta su adopción”. De esta manera, y según el informe ‘violencia viral’ de Save The Children, que se alimentó con datos del Ministerio de Interior, en 2020 se presentaron más de 3000 denuncias por abusos en internet contra menores, entendiendo como menores a aquellos que tienen menos de 18 años. De ellas, 1153 eran denuncias de coacciones contra niñas. Por su parte, 1149 eran delitos sexuales, un 60% de los cuales afectaban a las niñas.
En esta línea, la especialista de Save The Children reflexionó sobre los distintos tipos de violencia e incidió en que el 47% de las personas que aparecían en su informe sufría más de un tipo de ellas, y reflexionó sobre el ciberacoso que reciben los jóvenes, “más complicado porque no termina cuando sales del colegio”.
Por otro lado, Perazzo resaltó algunas de las consecuencias que tienen estos abusos “tanto en el mundo físico como en el virtual”. Así, recomendó prestarles atención y darles respuesta adecuada, e insistió en el coste futuro de su tratamiento, “más elevado que el de la prevención” en ámbitos como el judicial o el sanitario.
Entre las consecuencias más llamativas para estas personas, la experta resaltó la depresión, los pensamientos suicidas (que pueden terminar en suicidio), que se encuentren aisladas o se culpen a sí mismas por haber sido víctimas, lo que puede acabar derivando en conflictos en el hogar.
En cuanto a las familias, la experta señaló la culpa como. Una de las principales consecuencias, que pueden derivar en incredulidad y, si se cree, en que se muestren poco comprensivas, “lo que hace que se sientan más solas y poco comprendidas”.
En este sentido, Manuel Ransan, responsable de ciberseguridad para menores en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Mineco), incidió en la importancia del ‘Is4k’, un organismo diseñado por Europa y que se comunica en red entre los diferentes países de la unión, que “es muy útil a la hora de intercambiar información o buenas prácticas en la protección de menores”.
Según explicó, “son centros cuya actividad principal es la protección de menores , sensibilización o ayuda o una línea de reporte de abusos”, y que además organiza jornadas “de internet seguro” o colabora en el establecimiento de políticas públicas en las materias de su competencia.
Por su parte, Ransan alabó la estrategia europea de ‘Internet for kids’ de 2012, pues, aunque desactualizada, afirmó de ella que, aunque no tenía carácter vinculante y solo establecía recomendaciones a los estados miembros, ha influido bastante en el desarrollo de normativas y políticas. En cuanto a las buenas prácticas, recomendó producir contenidos que permitan buenas experiencias en línea, capacitar en competencias digitales o trabajar en el aprendizaje de materias relacionadas con la privacidad mediante herramientas de controles parentales y reporte de abusos.
Asimismo alabó la Lopidi, la nueva ley de protección de los menores, que valora los peligros de internet como “vitales” por el acoso o la difusión de datos personales que pueden implicar, así como el deber de comunicar situaciones de violencia o contenidos de abuso.
En el acto también intervino la directora jurídica del Teléfono Agar de protección a menores, Sonsoles Bartolomé, quien explicó las diferentes líneas de ayuda que ofrecen desde su fundación (como el teléfono o un chat que va borrándose según transcurre), y profundizó en las consecuencias que tuvo el confinamiento para los niños que sufrían violencia, como el aumento del ciberacoso o de la violencia en los hogares, para lo que fue “caldo de cultivo”.
Por último, la abogada especialista en tecnología y vicepresidenta de la asociación, Ana Caballero, pidió quitarles a los profesionales y padres toda la responsabilidad de la educación de sus hijos y transferir algo de ella a las plataformas, y se mostró disconforme con que afirmaran que “no pueden comprobar la edad de las personas que se conectan”. Asimismo, advirtió sobre la ctanidad de datos que toman de las personas empresas tecnológicas como Google, y alertó sobre las aplicaciones que piden “más datos de los necesarios” para funcionar.
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