MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio del Interior un «protocolo específico» en las cárceles para las personas sordas, que contemple, entre otras cosas, la regulación específica de las comunicaciones para este colectivo.
Así consta en el informe del Defensor correspondiente a 2022, en el que se analizan los problemas que los reclusos con discapacidad auditiva tienen dentro de los centros penitenciarios.
Se explica que las personas sordas son un colectivo «cada vez más numeroso» en las cárceles, de forma que en agosto pasado había un total de 63 personas con esta discapacidad (8 mujeres y 55 hombres). Además, hay 57 personas privadas de libertad (5 mujeres y 52 hombres) con pluridiscapacidad, siendo al menos una de ellas de carácter auditivo.
El informe apunta que el coste de las videocabinas en prisión para las personas sordas es superior al del resto de internos. Además, no se benefician del aumento del número y duración de comunicaciones de los presos, actualmente 15 llamadas de 8 minutos a la semana.
POSIBILIDAD DE LENGUA DE SIGNOS
Por este motivo, la oficina de Ángel Gabilondo considera necesario paliar las «deficiencias detectadas» respecto a los reclusos con discapacidad auditiva, motivo por el que esta institución ha elevado una recomendación a Interior.
Así, se plantea al departamento de Fernando Grande-Marlaska que elabore «un protocolo específico de actuación para personas con discapacidad auditiva en el ámbito penitenciario que contemple, entre otras cosas, la regulación de las comunicaciones que puede celebrar este colectivo».
El objetivo debería ser que las comunicaciones de los reclusos sordos «se equiparen -en número y coste- a las del resto de la población penitenciaria, teniendo en consideración la posibilidad de participación de intérpretes de lengua de signos, a fin de garantizar la igualdad en el acceso a dichas comunicaciones».
