MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2023-2030, un documento que tiene como objetivo conseguir «un país por y para la infancia, en el que el conjunto de derechos esté garantizado y sea real y efectivo para todos los niños, niñas y adolescentes».
La aprobación de la estrategia, en cuya elaboración han participado los miembros del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, constituía un «imperativo tanto a nivel internacional como nacional», teniendo en cuenta el hecho de los siete años transcurridos desde la finalización del anterior plan, según informó el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
En ese sentido, la titular de este departamento, Ione Belarra, atestiguó que la estrategia es «una guía hacia un futuro donde todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes estén plenamente garantizados» mediante «medidas para acabar con la pobreza infantil, fomentar la participación, proteger frente a la violencia o fortalecer el desarrollo de entornos saludables».
Belarra conminó a «poner en marcha todos los esfuerzos y todos los recursos que sean necesarios», entre los que citó la Garantía Infantil Europea y las medidas que contempla la estrategia, como un sistema de atención temprana que garantice aquélla como derecho, acciones para reducir la tasa de abandono escolar y la brecha digital y el aumento de especialistas de salud mental.
Esta estrategia es fruto de las observaciones realizadas a España por el Comité de los Derechos del Niño en febrero de 2018, y contiene ocho áreas estratégicas: ciudadanía activa de la infancia; acabar con la pobreza infantil y la exclusión social; fortalecer su desarrollo integral y equitativo en un entorno saludable; reforzar su desarrollo en la educación y la cultura; el derecho a la familia; los cuidados alternativos y la desinstitucionalización; la protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia; la protección y la inclusión social de la infancia y adolescencia migrante; y garantizar los derechos de la infancia en el entorno digital.
Cada una de las áreas supradichas contiene una serie de metas cuantificables, unas intermedias a alcanzar en 2025 y unas finales a lograr en 2030.
